El Boletín Oficial del Estado (BOE) acaba de publicar este mismo lunes el texto definitivo de la amnistía fiscal anunciada por el Gobierno el pasado 30 de marzo. Desde hoy y hasta el próximo 30 de noviembre, los contribuyentes que quieran aflorar sus bienes ocultos (incluido dinero en efectivo) ante Hacienda podrán hacerlo con un coste del 10% en forma de tributo, a cambio de obviar cualquier rastreo de ese dinero negro en los últimos años.

Los blanqueadores de capitales están desviando sus fondos y centrando su interés en entidades financieras de rango medio, que cuentan con menos recursos informáticos y que se encuentran ubicadas en países con mayor flexibilidad en el cumplimiento de la ley de prevención. En España, sólo en 2010 – último dato de los que hay estadísticas – Policía y Guardia Civil detectaron la presencia en nuestro país de 119 organizaciones criminalesque realizaban actividades de blanqueo de capitales.

Para combatir esta tendencia, las instituciones necesitan contar con el máximo aprovisionamiento tecnológico, y es en materia tecnológica que entidades financieras de todos los tamaños se enfrentan a inquietudes similares :

• ¿Cuál es el riesgo real de mi institución?
• ¿Representa la categorización de los clientes su verdadero riesgo, y en consecuencia, los procedimientos aplicados (simplificados, normales o reforzados) controlan la exposición de la institución?
• ¿Cuáles son las capacidades óptimas que deben estar presentes en el momento de seleccionar o desarrollar el sistema informático más adecuado?
• Rentabilidad vs. Efectividad: ¿desarrollar sistemas o adquirir tecnologías existentes?
• ¿Cuál es la garantía presente y futura, de cara a los órganos reguladores, que aportan los sistemas desarrollados internamente? ¿Cómo puede acreditarse la inversión realizada en estos sistemas?
• Con respecto a los competidores y a las mejores prácticas de la industria: ¿cómo son las practicas de mi entidad financiera? ¿más exigentes o más relajadas?

Se hace indispensable que todos los sujetos obligados diseñen internamente y partiendo de los procesos de negocio existentes, sus sistemas de prevención. Esto para obtener a corto plazo y presentar en el futuro las pruebas de su inversión en prevención y el nivel de cumplimiento y satisfacción del reglamento ante los órganos de control. La forma en que los comités ejecutivos abordan esta prioridad determina en gran medida si la entidad financiera reduce o incrementa el riesgo de experimentar costosas consecuencias debido a fallas en su sistema de prevención. En términos generales, un sistema de prevención de blanqueo de capitales, adicional a evitar sanciones legales debe:

• Satisfacer y estar en capacidad de acreditar el cumplimiento exhaustivo de la ley y sus reglamentos
• Dar cobertura a toda la organización sin excluir ninguno de sus procesos de negocio (incluyendo países, ciudades, oficinas, terceros)
• Facilitar la comunicación interna y la gestión de denuncias a través de un proceso transparente, que garantiza la confidencialidad
• Detectar y diferenciar conductas, facilitar el aislamiento y el análisis de aquéllas que son sospechosas
• Reflejar las mejores prácticas de la industria y el compromiso con los lineamientos internacionales
• Ser fácil de usar y flexible de modificar de cara a incorporar los ajustes sugeridos por inspectores internos y externos
• Ofrecer en términos de inversión y mantenimiento efectividad a largo plazo
• Facilitar la integración con el resto de sistemas internos, fuente de datos externas y políticas de seguridad corporativas
• Ofrecer herramientas que permitan la generación, distribución y control de la información de PBC de acuerdo a los criterios de confidencialidad y seguridad establecidos en los manuales internos

Hoy en día,  las entidades financieras y el resto de sujetos obligados, cuentan con una amplia variedad de soluciones y herramientas tecnológicas para combatir de forma eficaz el blanqueo de capitales. Es entonces, en parte, una decisión estratégica basada en principios éticos, morales y económicos los que determinan la línea a seguir y la dureza de las medidas que se adoptan.